Complicidad, cooperación y protección al crimen

Comunicado de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Complicidad, cooperación y protección al crimen: la ‘democracia’ que tenemos

Nuestra COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ ha puesto en conocimiento del Presidente de la República, de todas las ramas del poder público y de los órganos pertinentes de la comunidad internacional, entre enero y comienzos de septiembre de 2013, 138 agresiones graves, la mayoría constitutivas de crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional, dada su sistematicidad ininterrumpida durante 16 años, y  sin embargo las prácticas criminales se siguen repitiendo con la misma rutina de siempre.

El Presidente y todas las ramas del poder público nacional tienen en sus manos toda la información minuciosa de cómo actúa el paramilitarismo en la zona; de cuáles son sus centros de decisión, sus haciendas de entrenamiento, sus rutas de desplazamiento, sus prácticas genocidas, su estrecha coordinación con las brigadas 17, 11 y Móvil 24 del Ejército Nacional y con la Policía del Distrito urabaense, y sin embargo no hay una sola acción de control ni de corrección ni de sanción ni de depuración. El Presidente Santos sigue sosteniendo al Ministro de Defensa y a los comandantes de división, de brigadas y batallones sobre los cuales recae la responsabilidad de mando de todos estos horrores.

Desde la Presidencia se remiten copias rutinarias a los órganos de control, pero la Fiscalía se contenta con asignarle a cada hecho un código de “notitia criminis” y con redactar un párrafo para responder a los clamores de las comunidades y municipalidades solidarias de los diversos países del mundo, afirmando que las información suministrada por la Comunidad no es apta para investigar nada, pues no se dan los datos necesarios, a pesar de que la Comunidad siempre precisa las fechas, los sitios, las víctimas, las modalidades de los crímenes, los contextos, las circunstancias y la procedencia e identidad de los victimarios, lo que no puede dar son los nombres de éstos, pues los ocultan en flagrante violación de la ley, ni la filmación de los hechos. Nunca se ha visto que los órganos de la justicia vayan a los cuarteles a solicitar la ubicación e identificación de las tropas concernidas, ni vayan a verificar “in situ” la presencia de los contingentes paramilitares, ni exijan explicaciones de quienes tienen responsabilidad de mando ni medidas para evitar la repetición inminente de los crímenes o la ejecución de los exterminios anunciados; prefieren dejar a las víctimas a merced de sus victimarios, totalmente desprotegidas, haciendo caso omiso de la primordial norma rectora que ha regido en el procedimiento penal señalando su esencial finalidad: “EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBERÁ ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE CESEN LOS EFECTOS CREADOS POR LA COMISIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE, LAS COSAS VUELVAN AL ESTADO ANTERIOR Y SE INDEMNICEN LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR LA CONDUCTA PUNIBLE”.

Si se mira hacia atrás y se recuerdan los ya miles de hechos puestos en  conocimiento de todas las autoridades durante estos 16 años y la nula respuesta de los poderes estatales para frenar, corregir, sancionar y reparar la barbarie, la pregunta obligada es: ¿puede esto ser una democracia?

Nuestra Comunidad de Paz, siguiendo sus imperativos éticos, vuelve a dejar constancia histórica de los hechos de los últimos días y le demanda a la historia un justo enjuiciamiento de los responsables:

El domingo 1 de septiembre de 2013, hacia las 2:00 horas, un grupo de militares se atrincheró en la entrada al asentamiento de la Comunidad de Paz, en San Josecito, y allí se mantuvieron hasta el amanecer.  

El mismo domingo 1 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, varios campesinos de la vereda la Hoz decidieron acudir al rescate del Joven campesino BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, detenido por los paramilitares desde el día anterior; al llegar a donde se encontraban los paramilitares la respuesta fue que no lo soltarían y además amenazaron al hermano de HOYOS HERNÁNDEZ y lo obligaron a abandonar la zona, de lo contrario no responderían por su vida. Allí, los paramilitares mostraron varias fotos que tenían de varias personas de la vereda y de la zona, las cuales fueron tomadas por las tropas del ejército nacional y posteriormente entregadas a los paramilitares. Debido a las amenazas de los paramilitares, las familias de la vereda la Hoz decidieron abandonar la vereda y salir desplazados a causa de las amenazas de los paramilitares contra la población civil del entorno. Es de anotar que los paramilitares y militares no solo han venido realizando los operativos conjuntamente en esta vereda, sino que además se han llevado los celulares y saqueado las viviendas, y se han llevado las aves de corral de los campesinos.  

Este mismo domingo 1 de septiembre de 2013, hacia las 18:50 horas, un grupo paramilitar ingresó al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, en busca de los miembros de la Comunidad de Paz, quienes no se encontraban en el momento, posteriormente se acercaron a los vecinos del asentamiento y preguntaron por el paradero de las familias de la Comunidad de Paz, asegurando que continuarían junto al lugar ya que tenían una incursión preparada contra la Comunidad de Paz y los campesinos de la zona.  

El martes 3 de septiembre de 2013, en horas de la mañana, fue visto un grupo de paramilitares que se dirigían desde la vereda La Hoz hacia la vereda Zabaleta donde llevaban amarrado a BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ a quien desaparecieron forzadamente.    

El miércoles 4 de septiembre de 2013, un miembro de la Comunidad de Paz, mientras caminaba  realizando compras en el centro urbano de Apartadó, fue abordado por un reconocido paramilitar quien se le acercó y le pidió que le diera los contactos de GERMÁN GRACIANO miembro del Consejo Interno y Representante Legal de la Comunidad de Paz; además le ofreció dinero para que colaborara con ellos brindándole información de cuándo Germán salía a la ciudad y de sus movimientos en la zona.   

El jueves 5 de septiembre de 2013, hacia las 10:15 horas y por espacio de dos horas se presento un fuerte combate entre tropas del Batallón Voltígeros, adscritas a la Brigada XVII, y guerrilleros de las FARC en la vereda Las Claras del Corregimiento de San José de Apartadó, resultando un militar muerto, según las informaciones de los militares. A esa misma hora se trasladaba la Comisión Humanitaria conformada por miembros de la Comunidad de Paz y organizaciones internacionales, la cual quedó como blanco de la balacera, pues varios disparos impactaron a tan solo dos metros de distancia de donde estaba el grupo integrante de la Comisión Humanitaria. A pesar de que la Brigada XVII del Ejército Nacional con sede en Carepa, al mando del CORONEL  MIGUEL GÓMEZ QUINTERO, tenía conocimiento de que un grupo de civiles transitaría por aquel lugar en comisión humanitaria, no tomó medidas para que no se colocara en peligro la vida de los civiles, por lo cual los civiles se vieron en la obligación de permanecer acostados en el piso, a orillas del camino, al menos durante una hora y media, resguardándose de los disparos que daban en blancos cercanos y hasta tanto no se terminara el combate.       

El viernes 6 de septiembre de 2013, hacia las 13:00 horas, la Comisión Humanitaria de la  Comunidad de Paz que llevaba como misión acompañar a varias familias de la vereda La Hoz, en el corregimiento de San José, que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, para que recuperaran parte de los enseres y animales que habían dejado abandonados, se encontró con un grupo de paramilitares quienes se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Después de varios minutos y después de que los internacionales mediaran para que se retiraran del lugar, por fin la Comisión Humanitaria y las familias pudieron recoger los pocos alimentos que aún quedaban como sobras que los paramilitares habían dejado de sus robos y saqueos a las viviendas. Testigos de ello fueron las más de 40 personas que integraban la Comisión Humanitaria, pues luego de un recorrido de nueve horas entre San Josesito y la Hoz, la Comisión tuvo en frente suyo a dicho grupo paramilitar, sin embargo la fuerza pública durante más de 16 años dicen “no haber encontrado nunca paramilitares en la zona” y desde los más altos mandos militares, las comandancias de las divisiones, brigadas y batallones con jurisdicción en Urabá, se atreven a negar su existencia, a encubrirlos y a protegerlos, mientras la población civil se los encuentra por doquier. Este grupo paramilitar ha permanecido estos días en la vereda la Hoz y en el mismo lugar, exactamente en la coordenada N 07.58.403 W 076.26.195 desde el  lunes 26 de agosto de 2013 permanecieron a tan solo 400 metros de distancia de donde había presencia militar comprobada. De allí se llevaron al joven BUENAVENTURA HOYOS el sábado 31 de agosto de 2013 y a pesar de la denuncia insistente de la Comunidad de Paz sobre la presencia paramilitar en la zona y sobre las amenazas y desplazamientos que vienen generando dichos paramilitares, el Gobierno no hace sino cerrar los ojos y evadir sus responsabilidades constitucionales.            

El domingo 8 de septiembre de 2013, hacia las 11:00 horas, un grupo de hombres fuertemente armados fue visto en la parte alta de la vereda La Unión, en el corregimiento de San José, los cuales se dirigían hacia el caserío de la Comunidad de Paz en dicha vereda.

El lunes 9 de septiembre de 2013, el reconocido paramilitar alias “Tribilín”, quien hace presencia en Nuevo Antioquia, contactó a un habitante del corregimiento de San José para que le suministrara los nombres de los líderes de la Comunidad de Paz y sus movimientos y contactos, advirtiéndole que había buenas recompensas en dinero para ese trabajo.

El martes 10 de septiembre de 2013, hacia las 12:20 horas y por espacio de 50 minutos fue retenido GILDARDO TUBERQUIA, miembro de Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz, por militares de la base militar del centro urbano de San José, quienes intentaban empadronarlo ilegalmente. Después de varios minutos de estar retenido llegó el comandante de la Estación de Policía de San José, AGUSTÍN BOTELLO, quien encolerizado amenazó a Gildardo de llevarlo al Comando de Policía de Apartadó, haciendo caso omiso a lo ordenado por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024/02 que prohíbe los empadronamientos. Allí, se le reclamó a la fuerza pública el pretender este control ilegal contra miembros de la Comunidad de Paz y el campesinado de su entorno mientras en el poblado de Nuevo Antioquia los paramilitares se movilizan a su amaño por la zona, hacen lo que quieren y nadie los controla a pesar de la intensa presencia de la fuerza pública allí, a lo que el oficial BOTELLO respondió enfurecido con una amenaza de judicialización por atreverse a denunciar lo que está pasando en Nuevo Antioquia, la Hoz y Rodoxalí. Hacia las 13:10 horas  un grupo de miembros de nuestra Comunidad se trasladó, con acompañamiento internacional, hacia el centro urbano de San José para exigir la libertad de Gildardo y en ese mismo instante lo dejaron en libertad, no sin antes tratar a los miembros de nuestra Comunidad de Paz de “lambones” por exigir el respeto a la ley. Allí mismo los militares intentaron impedir el paso de alimentos para los niños de la escuela comunitaria que la Comunidad de Paz tienen en la vereda Mulatos, asentamiento de la Comunidad de Paz o Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra.

Este mismo martes 10 de septiembre de 2013, nuestra Comunidad de Paz ha sido informada de que los paramilitares continúan en la vereda La Hoz, en el mismo lugar donde fueron encontrados por nuestra Comisión Humanitaria el día viernes 7 de septiembre de 2013 y que a pesar de nuestras constancias, el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para exigir la entrega del joven secuestrado BUENAVENTURA HOYOS y sus secuestradores continúan allí mismo, en zona plenamente controlada por el Ejército, y aún más, siguen recibiendo remesas que han sido trasladadas en 15 mulas que han salido desde Nuevo Antioquia hacia la vereda La Hoz, saqueada y ocupada por los paramilitares con toda la complicidad del Ejército, mientras sus pobladores fueron forzadamente desplazados. Allí, han amenazado de muerte a varias familias acusándolas de ser las responsables de la difusión que ha tenido la presencia de los paramilitares allí.

 

Faltan palabras para calificar tanto descaro, tanta complicidad y comportamientos tan ajenos y contrarios a la Constitución y a las leyes. Nuevamente apelamos al juicio de la historia y agradecemos a tantas personas y comunidades de diversos países que no cesan de levantar sus clamores ante un Estado afectado por sordera y ceguera voluntarias y ante todos los órganos que la Comunidad Internacional ha ido creando para proteger lo más elemental de la dignidad humana.

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Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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