Carta a las mas Altas Autoridades del Estado, por muerte de Niña Mileidy David

Comunicado de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Nosotros, CONRADO DAVID DAVID y NOELIA TUBERQUIA SALAS, acudimos a las más altas autoridades del Estado en demanda de una justicia integral a raíz del asesinato de nuestra hija MILEIDY DAVID TUBERQUIA, de 3 años de edad, ejecutada por miembros del Ejército Nacional el 18 de marzo de 2003 en la vereda La Cristalina del corregimiento de San José, municipio de Apartadó, departamento de Antioquia.

El Tribunal Administrativo del Circuito de Turbo, el 31 de marzo de 2011, emitió la Sentencia No. 025 en el Radicado 0583733310012006-00089-00, en la cual condenó al Ministerio de Defensa Nacional a indemnizar los perjuicios causados a nuestra familia por ese crimen. Quienes habían recibido el poder de nuestra parte para adelantar dicha demanda nos han informado que el Ministerio de Defensa ha efectuado ya los pagos ordenados por dicho juzgado.

Dicha compensación monetaria, adicionada con unos actos de perdón ordenados por el mismo juzgado pero que el Ministerio de Defensa aún no ha cumplido y aunque el juez ha adelantado diligencias para su cumplimiento, los obstáculos interpuestos nos llevan a pensar que tampoco se cumplirá, ya son tres las veces que se ha tenido que aplazar el acto, siendo la ultima programada para el pasado 31 de Julio de 2013, y en vísperas de la fecha fuimos informados de que por orden del Comandante del ejército Nacional se cancelaba dicha ceremonia sin que a la fecha conozcamos los motivos; la compensación puede aparecer como un acto adicional de agresión cuando coincide con una ausencia total de sanción a los responsables y de restablecimiento público de la verdad y reconstrucción de la dignidad de la víctima y de su comunidad terriblemente victimizada durante más de 16 años, así como de planes que garanticen la no repetición de ese tipo de barbaries.

No podemos menos que escandalizarnos y repudiar una vez más la impunidad sistemática de este Estado que tantos millares de crímenes ha cometido contra la población civil inocente, cuando vemos que los mismos órganos de justicia tienen muy clara la identidad de quienes fueron responsables del crimen pero no han funcionado las remisiones y coordinaciones de ley entre las diversas instituciones para que haya pronta y cumplida justicia.

En efecto, en el mismo expediente administrativo quedan claros los nombres de los responsables de la “Operación Mandragón” encomendada a la COMPAÑÍA DANTA 6, del BATALLÓN DE CONTRA GUERRILLA No. 26 ARUHACOS, compañía comandada por el Capitán NEL MAGIN CÁRDENAS DÍAZ, acompañado en dicho operativo por los soldados: JAIRO ALFREDO SÁENZ TEHERÁN; JOSÉ ALIRIO GARCÍA RIVERA; MANUEL ÁNGEL GIRALDO VALENCIA; JUAN POSADA GIL; CARLOS ROMERO VEGA; el Cabo Segundo FREDY PARRA RAMÍREZ; el Sargento Segundo MOSQUERA y el Subteniente VALDÉS RAMÍREZ.  Nos preguntamos por qué ellos no han sido sancionados luego de un crimen tan horrendo, como tampoco lo han sido sus superiores que les dieron el mandato y diseñaron el operativo a todas luces de una manera irresponsable y criminal sin cuidado por la población civil, como el Brigadier General PAUXELINO LATORRE GAMBOA, comandante de la Brigada 17 y el Teniente Coronel JORGE ENRIQUE MALDONADO ESCOBAR, oficial de operaciones de la misma brigada. Nos preguntamos también por qué, luego de un crimen tan horrendo como el asesinato de una niña de apenas tres años de vida, el Gobierno no ha tomado medida alguna para garantizar que ese tipo de actos bárbaros no se repitan, dado que en los últimos 10 años la barbarie de la fuerza pública no ha cesado en la zona de nuestra comunidad de paz. Es evidente que la impunidad con la que son cubiertos los autores de esos crímenes es la principal explicación de los crímenes que se han sucedido en cadena.

Como padres de esta víctima inocente, nuestra conciencia nos impide recibir  por el momento esa indemnización monetaria mientras está acompañada de una ausencia total de justicia y de verdad y de garantías de no repetición contra la población de la zona que es nuestra Comunidad de Paz y su entorno geográfico y social. Por eso mantendremos congelada esa suma de dinero en espera de una justicia integral como lo demanda la Constitución del país y el derecho internacional.

De manera apremiante les exigimos cumplir la Constitución sancionando a los responsables, restableciendo la dignidad de la víctima y de su comunidad y garantizando la no repetición de prácticas tan bárbaras y criminales. Lo contrario es considerar la vida humana, y en nuestro caso, la vida de una niña que apenas comenzaba a vivir, como una vil mercancía que se puede tasar en una suma de dinero.


Atentamente,

CONRADO DAVID DAVID
NOELIA TUBERQUIA SALAS



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Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org

 

 

To:

Dr. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República

Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNNET
Fiscal General de la Nación

Dr.
ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación

Dr.

JUAN CARLOS PINZÓN
Ministro de Defensa Nacional

Dr. FERNANDO CARRILLO
Ministro del Interior

Señor Presidente
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Señor Presidente
CONSEJO DE ESTADO

Señor Presidente
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICTURA

Señor Director de la DIAN